Tras más de 17 años trabajando por la integración e inserción de la comunidad no oyente de la Isla, la Asorte pasa en la actualidad por un momento crítico por culpa de la crisis y los recortes. No en vano, sólo del pasado ejercicio las administraciones públicas adeudan cerca de 9.000 euros a la entidad, que atiende a buena parte de las 1.500 personas sordas que hay contabilizadas en la provincia. Según explica a este periódico la presidenta de la institución, Eva Atanes, al dinero no percibido se le suma la incertidumbre de no saber si podrán sacar adelante los 34 proyectos que han presentado este año.[…][…] (diariodeavisos.com)