El 87,3 por ciento de las personas con discapacidad opina que su integración laboral responde a la obligación legal que conlleva la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a contratar un porcentaje de empleados con discapacidad no inferior al 2 por ciento pero no a un compromiso verdadero del empresario. Así, casi un 90 por ciento de los encuestados mira las empresas con cierta desconfianza frente a un 12,7 por ciento que defiende que la mentalidad abierta de las compañías y de la sociedad.[…][…] (EUROPA PRESS)