El Tribunal Supremo ha revocado la resolución de la Consejería de Educación que en junio de 2003 acordó la jubilación forzosa de una profesora del Instituto Murillo por los problemas de audición que tenía y que habían generado situaciones de indisciplina entre sus alumnos. La sentencia del Alto Tribunal considera que esta resolución se adoptó sin el preceptivo informe del Equipo de Valoración de Incapacidad (EVI), por lo que no ha quedado acreditada la incapacidad total de la profesora, puesto que poco antes de que se adoptara esa decisión había sido declara capacitada para seguir dando clases tras el oportuno reconocimiento médico. El fallo reconoce el derecho a restituir a la profesora en la situación que tendría de no haberse dictado la resolución, pero como la sentencia llega más de ocho años después, cuando ya se encuentra en edad de jubilación.[…][…] (Jorge Muñoz)