La ley reconoce -desde 2007- el derecho a que las personas sordas dispongan de los recursos necesarios para desenvolverse en cualquier ámbito de la vida, implantando en los centros públicos un servicio de interpretación de lengua de signos, pero con la crisis su desarrollo, que era lento, se ha ralentizado. Las previsiones para este año son desalentadoras en algunas federaciones, que han recibido menos dinero de las administraciones para desarrollar el servicio de interpretación, y han tenido que reducir la contratación de estos profesionales, que ayudan a las personas sordas a entenderse con el médico o a desenvolverse durante una entrevista de trabajo.[…][…] (EFE)