El Parlament aprobó hoy por unanimidad la ley de la lengua de signos catalana, lo que significa el reconocimiento de esta lengua como el sistema lingüístico propio de las personas sordas y sordo-ciegas de Catalunya. El texto, aprobado por 132 votos a favor y ninguno en contra, supone la regulación del aprendizaje de esta lengua, la formación y acreditación del profesorado que la imparte, y garantiza su uso en las administraciones públicas catalanas.

Esta ley también establece que la Generalitat de Catalunya debe difundir esta lengua y reconoce al Institut d’Estudis Catalans (IEC) como la institución académica que tiene que determinar sus normas e impulsar su investigación. El vicepresidente del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, explicó que la nueva norma “otorga la dignidad que merece desde el punto de vista institucional” a la lengua de signos catalana, y matizó que no se trata de una imposición para las personas sordas, sino de un instrumento muy útil para aquellos que quieran utilizarla. Destacó que el Parlament “ha hecho justicia a una larga reivindicación que empezó hace 16 años” y aseguró que 25.000 personas se podrán beneficiar de su aprobación. Con esta ley, “Catalunya ha vuelto a ser pionera junto a Finlandia y Suecia”, sentenció el vicepresidente. La diputada de ERC Maria Mercè Roca valoró que el texto aprobado demuestra que “Catalunya es un país que cree en la diversidad cultural y apoya a las minorías lingüísticas”. No todas las persona sordas se expresan mediante el lenguaje de signos, y en este sentido la diputada republicana aseguró que el texto era “una marca de libertad” que no obliga a nadie a utilizar la lengua de signos catalana, sino que protege a aquellos que decidan hacerlo. Carles Puigdemont (CiU) destacó que “hoy era un día singularmente histórico” por el reconocimiento explícito de esta lengua, pero matizó que la ley no contemplaba los recursos materiales para que sea del todo efectiva. El diputado nacionalista criticó que se otorga al IEC un papel importante en su aplicación sin darle “los recursos específicos necesarios”.

Sobre la memoria económica de la ley también habló la diputada del PP María Belén Pajares, que pidió los recursos humanos y técnicos necesarios para que la ley pase “del papel a la calle”. Carme Figueras (PSC) destacó que el Parlament reconoce esta lengua como “patrimonio cultural y como una riqueza de Catalunya”, y recordó que con su aprobación se cumple con el artículo del Estatut que garantiza la protección de las personas que usan la lengua de signos catalana. “Hemos cumplido con una de las deudas históricas que tenía la comunidad catalana con sus personas”, sentenció Francesc Pané, mientras que la diputada del Grupo Mixto Carmen de Rivera valoró que suponía la eliminación de barreras para las personas sordas. (Europa Press)

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Los usuarios optan por la lengua de signos catalana de forma masiva, a diferencia del bilingüismo entre catalán y castellano que se da en la comunicación oral. Palabras como tomate o hermano se representan de forma diferente a la lengua de signos española, que también tiene sus peculiaridades y obtuvo su paraguas legal hace tres años en el Congreso. Ya entonces esa norma estatal incluyó el reconocimiento de la lengua catalana en plano de igualdad con la española, de la que difiere en un 30% de expresiones por razones culturales, identitarias y de costumbres. Docencia e intérpretes, la norma del Parlament regulará, entre otras cuestiones, el uso de esta lengua en la docencia, la acreditación profesional de los intérpretes y el derecho a usar los signos ante la Administración. De la misma forma que la Real Academia Española «limpia, fija y da esplendor» al castellano, la lengua de signos catalana dispondrá de un órgano de difusión bajo el marco del Institut d’Estudis Catalans. La buena noticia de la ley para las personas sordas contrasta con la denuncia de la federación que representa a este colectivo del recorte en el número de intérpretes disponibles debido a la falta de actualización del apoyo económico que venía prestando el Ministerio de Sanidad y Política Social. Esta falta de recursos ha obligado a la Fesoca a prescindir de parte de los intérpretes de los que disponía para que las personas sordas pudieran llevar a cabo gestiones cotidianas como la declaración de la renta, visitas médicas e intermediaciones laborales. A ello se ha unido la denuncia de la falta de apoyo económico por parte del Consorcio de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, que según Fesoca ha provocado que durante cinco meses haya sido la federación de sordos la que ha sufragado las nóminas, hasta que ha tenido que paralizar el servicio de intérpretes para estudiantes de bachillerato y educación secundaria en la capital catalana.  La ley sobre la lengua de signos catalana ha tardado tres años en ver la luz, desde que el mismo Parlament acordó impulsar el proyecto en abril del 2007. Formación universitaria, uno de los aspectos novedosos de la regulación es que insta a impulsar la oferta de formación universitaria en esta materia. De hecho, desde el curso 2008-2009 la Universitat Pompeu Fabra (UPF) oferta dentro del grado de Traducción e Interpretación 20 plazas para poder especializarse en la lengua de signos catalana en pie de igualdad con el aprendizaje del inglés, el francés y el alemán. El plan de estudios de la nueva titulación universitaria, adaptada al espacio europeo de educación superior, fue elaborado en colaboración con la Fesoca. Hasta ahora los intérpretes de esa especialidad se formaban en la Formación Profesional de grado superior, informa Jordi Casabella.

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