Las comunidades autónomas, ayuntamientos y, en menor medida, diputaciones deben un total de 189 millones de euros a las organizaciones y entidades del sector de la discapacidad, según ha denuncia el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI). Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestaciones de bienes o servicios efectuados por organizaciones del Tercer Sector de la discapacidad, vencidas y no abonadas. Según explica el CERMI, de esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de las administraciones territoriales con Centros Especiales de Empleo.[…][…] (EUROPA PRESS)