Pero aún así significaba que las lenguas de signos del Estado Español obtenían estatus legal y se abrían derechos concretos para las personas sordas en los ámbitos del acceso a los servicios públicos, a la enseñanza, a la sanidad, a los transportes, a los medios de comunicación. No era el texto que hubiéramos querido y éramos conscientes.[…][…] (Felisa Pino/ diarioprogresista.es)